Análisis cuantitativo de la distribución de consultas atendidas durante el periodo 2024
Josué Raúl Echeverría Catalán,
rauleche20@gmail.com
RESUMEN
El presente artículo analiza la función del Bufete Popular de la Universidad Panamericana como una manifestación concreta de la responsabilidad social universitaria en el contexto guatemalteco. A partir de un enfoque cuantitativo, se analizan las consultas recibidas por esa unidad académica, adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia, durante el periodo del 2024 para caracterizar las consultas que se atienden y determinar qué sector de la población está siendo
beneficiado. Los resultados evidencian que la mayor parte de los usuarios corresponden al género femenino y que los procesos más frecuentes se relación con el ámbito familiar. Se concluye que el Bufete Popular de la Universidad Panamericana se constituye como una herramienta efectiva de extensión universitaria que materializa el compromiso de la universidad con la justicia y el servicio comunitario.
INTRODUCCIÓN
El presente estudio aborda el papel del Bufete Popular de la Universidad Panamericana como una manifestación concreta de la responsabilidad social universitaria. A través de la prestación gratuita de asesorías legales a personas que no puedan costear los honorarios de un Abogado privado, el Bufete se constituye en un espacio de vinculación entre la universidad y la comunidad.
El objetivo principal de esta investigación es analizar, desde un enfoque cuantitativo, la distribución de las consultas atendidas por el Bufete Popular de la Universidad Panamericana durante el periodo del 2024, considerando tres variables: distribución de las consultas según el proceso atendido, distribución de las consultas según el sexo de los usuarios y la distribución mensual de las consultas en el año.
Estas categorías permiten evaluar de manera objetiva la cobertura y el impacto social del servicio, así como su aporte a la función social de la universidad. El artículo busca también evidenciar cómo, a través del Bufete Popular de la Universidad Panamericana, materializa su compromiso institucional con la justicia y el desarrollo humano, integrando la formación académica con la proyección social. Este análisis contribuye a comprender la relevancia del Bufete como instrumento de responsabilidad social universitaria y como modelo de acceso gratuito y equitativo a la justicia en Guatemala.
MARCO TEÓRICO
Partiendo de la necesidad de establecer qué es la responsabilidad social universitaria, resulta imperativo definir el significado de cada una de las palabras que la conforman. Según el Diccionario de la lengua española, la palabra responsabilidad se entiende, entre sus connotaciones, como: “Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado.” (Real Academia Española, 2025).
Por otro lado, el término social se define como “Relativo a las clases sociales económicamente menos favorecidas.” (Real Academia Española, 2025). Finalmente, universitaria se refiere a lo “Perteneciente o relativo a la universidad.” (Real Academia Española, 2025), y esta última, a su vez, se entiende como una“Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.” (Real Academia Española, 2005).
Por lo anterior, se puede establecer que la responsabilidad social universitaria representa el deber ético y la obligación de gestión que tiene la institución de enseñanza superior de responder por el impacto que generan sus funciones primordiales en la sociedad. Esto implica que la universidad asuma un cargo moral y se oriente prioritariamente hacia lo social, contribuyendo activamente a la solución de problemas y al desarrollo justo y sostenible de su entorno, especialmente en beneficio de los sectores menos favorecidos.
En esencia, la responsabilidad social universitaria constituye el deber ético y la forma de gestión mediante la cual la universidad se hace responsable el impacto que generan sus funciones principales, tales como la enseñanza, investigación y extensión en la sociedad.
De acuerdo a Vallaeys (s.f) hace mención de que:
La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principio éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes responsable y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables (p.4)
“En el primer caso, la RSU sería una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria a través de la gestión responsable de los impactos educativos, cientificos-epistemológicos, organizacionales y sociales que generala la universidad” (Castañeda-Ruiz, V., Castañeda., y Quevedo 2007, como se citó en Baca, Rondán y García, 2017, p. 18). “En el segundo caso, la RSU sería una capacidad que tiene la universidad como institución de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores, por medio de cuatro procesos claves: gestión, docencia, investigación y extensión” (Vallaeys, 2008; Bacigalupo, 2008, como se citó en Baca, Rondán y García, 2017, p.19).
De acuerdo con los autores citados, la responsabilidad social universitaria debe cumplir con la función de orientar el actuar de las universidades hacia una gestión ética y responsable de los impactos que generan en su entorno. En ese sentido, las instituciones de educación superior deben aplicar principios y valores que aseguren un desempeño coherente en sus ámbitos educativos, científicos, organizacionales y sociales. Asimismo, la responsabilidad social universitaria exige que la universidad promueva dichos valores mediante sus cuatro procesos fundamentales: la gestión, la docencia, la investigación y la extensión, garantizando así una formación integral y un compromiso real con el desarrollo sostenible y el bienestar social.
Partiendo de lo anterior, el objeto de análisis en este articulo tiene como punto de partida la responsabilidad social universitaria. El artículo 85 de la Constitución Política de la República de Guatemala (1985) establece que:
“A las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la Nación, con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de problemas nacionales.”
De la cita anterior, se puede mencionar que, el papel esencial de las universidades privadas como entidades que, además de formar profesionales, deben asumir un compromiso activo con la sociedad. En ese sentido, la extensión universitaria se convierte en el puente entre el conocimiento académico y las necesidades reales, en este caso de Guatemala. La educación superior no puede limitarse a la teoría o al aula; debe proyectarse hacia la comunidad, promoviendo soluciones concretas a los problemas nacionales. Este deber está directamente vinculado con la responsabilidad social universitaria, ya que implica que la universidad no solo prepara personas competentes, sino ciudadanos conscientes y comprometidos con el bienestar colectivo.
Por lo tanto, la universidad privada, haciendo uso de su independencia, tiene la obligación moral y académica de aplicar y movilizar su conocimiento para generar un impacto social. Al cumplir con este imperativo ético de responsabilidad social, la institución no solo legitima su función, sino que también fortalece significativamente su aporte estratégico al desarrollo nacional.
La siguiente variable de interés en esta investigación son los bufetes populares. La Universidad de San Carlos de Guatemala, establece como Bufete Popular: “Es una institución que presta a personas de escasos recursos, consejos y servicios jurídicos gratuitos, teniendo como respaldo capacidad y responsabilidad” (Universidad de San Carlos de Guatemala.” P. 215). En Guatemala, el Código de Ética Profesional señala que, en el artículo 2 (1994) “La profesión de abogado impone la obligación de defender gratuitamente a los pobres, de conformidad con la ley, cuando lo soliciten o recaiga en él defensa de oficio.” y esta norma es la que fundamenta su labor.
Actualmente varias universidades del país que ofrecen la carrera de ciencias jurídicas cuentan con un bufete popular; sin embargo, esta investigación está limitada a la experiencia del Bufete Popular de Universidad Panamericana y por lo tanto, el análisis se circunscribe a las características y funciones de esta unidad académica.
Según sus estatutos, de acuerdo con el artículo 5 de la Universidad Panamericana de Guatemala (2015) “La misión de la Universidad Panamericana cumplir su misión y contribuir al desarrollo de la enseñanza superior de la nación y a la educación, así como a la investigación, la difusión de la cultura, el estudio y solución de los problemas nacionales.” Y su misión, de conformidad con el mismo artículo 5 de la Universidad Panamericana de Guatemala (2015) “Administrar un sistema de educación superior que facilite al estudiante el acceso al conocimiento universal, a la tecnología y sus procesos, haciendo posible la adquisición de sabiduría, fruto evidente en su vida de profesional egresado”.
Derivado de lo anterior, se puede entender que la Universidad Panamericana orienta su labor hacia la formación integral del estudiante, combinando la enseñanza, la investigación y la proyección social como medios para contribuir activamente al desarrollo del país y a la solución de sus problemáticas.
El Bufete Popular de la Universidad Panamericana se constituyó en el año 2023 y actualmente tiene sus oficinas ubicadas en zona 16 del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Tiene como objeto, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento del Centro de Asistencia Social Jurídico, Bufete Popular de la
Universidad Panamericana (s.f) “cuyo objetivo es constituir un espacio de proyección social para que el estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la Justicia de la Universidad Panamericana, lleve a cabo su práctica profesional dirigida, especializada en diferentes áreas del derecho.”
Dentro de los servicios que presta, el artículo 5 del Reglamento del Centro de Asistencia Social Jurídico, Bufete Popular de la Universidad Panamericana (s.f) “El Bufete Popular presta servicios de asesoría jurídica para los usuarios que lo requieran, en asuntos judiciales y extrajudiciales, con excepción del área penal.” Y en el mismo reglamento, en el artículo 6, establece: “únicamente se atenderán casos de usuarios cuyos ingresos mensuales en promedio, sean inferiores a dos salarios mínimos del sector no agrícola, vigente para el año que corresponda.”
El Bufete Popular de la Universidad Panamericana tiene como objetivo principal brindar asesoría y acompañamiento legal gratuito dirigido a las personas quienes no pueden costear los honorarios de un abogado privado, contribuyendo directamente al acceso a la justicia y al fortalecimiento de la formación práctica de los estudiantes.
Actualmente, el Bufete Popular atiende una variedad de consultas, concentrándose principalmente en materia de Derecho de Familia y algunos casos de Jurisdicción Voluntaria por la vía judicial. En Derecho de Familia, brinda asesoría en procesos como divorcios voluntarios, fijación, aumento, reducción y extinción de pensión alimenticia, cobro de pensiones alimenticias atrasadas, relaciones familiares, y guarda y custodia. Dentro de los procesos de Jurisdicción Voluntaria, en la vía judicial, se atienden procesos como cambio de nombre, identificación de tercero y rectificación de partida de nacimiento.
De esta manera, el Bufete Popular de la Universidad Panamericana cumple una doble función esencial. Por un lado, ofrece un servicio gratuito a la comunidad, siempre que cumpla con sus requisitos, velando siempre por la correcta aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, constituye un espacio de proyección social y práctica profesional dirigida para los estudiantes, contribuyendo a formar futuros profesionales competentes y comprometidos con la justicia social.
MARCO TEÓRICO
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, orientado a describir y analizar la distribución de las consultas atendidas en el Bufete Popular de la Universidad Panamericana dentro del periodo de 2024. Se empleó un diseño
no experimental y descriptivo, ya que no se manipularon variables, sino que se analizaron los datos existentes.
Es importante mencionar que, se gestionó un permiso ante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia de la Universidad Panamericana para tener acceso a estos datos.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la investigación aplicada. La unidad de análisis corresponde al registro de consultas del Bufete Popular de la Universidad Panamericana correspondiente al periodo del 2024. Es importante señalar que se gestionó la debida autorización ante la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Justicia para acceder a dichos datos, los cuales se presentan de forma relativa, resguardando en todo momento la confidencialidad de los usuarios.
Se entiende por consulta toda comunicación proveniente de personas externas a la universidad que solicitan asesoría jurídica, ya sea por teléfono, correo electrónico o de manera presencial.
El Bufete Popular mantiene un registro manual de todas las consultas que recibe, con el fin de llevar un control ordenado y sistemático de la atención brindada. Dicho registro recopila información básica de cada usuario, incluyendo:
a) Nombre y apellido,
b) Número de teléfono,
c) Sexo,
d) Edad,
e) Tipo de asesoría solicitada o consulta, y
f) Fecha de la comunicación.
A partir de esa información recopilada, se procedió al análisis de las siguientes variables:
a) Distribución de las consultas según el tipo de proceso atendido,
b) Distribución de las consultas según el sexo de los usuarios, y
c) Distribución mensual de las consultas en el año.
Cabe señalar que algunas de estas consultas derivaron en la gestión de procesos judiciales en el área de familia, los cuales fueron asesorados por el Bufete Popular conforme a su reglamento. Sin embargo, esta investigación se limita exclusivamente al análisis de las consultas registradas y no de los expedientes que fueron objeto de trámite judicial.
RESULTADOS
Distribución de las consultas según el tipo de proceso atendido.
Con base en los datos proporcionados por el Bufete Popular de la Universidad Panamericana, se observa una participación constante y diversificada en la atención de casos según el proceso atendido, lo que refleja la variedad de problemáticas legales que afectan a la población guatemalteca.
La mayor proporción de consultas correspondió a procesos de divorcio, representando aproximadamente el 43% del total, lo que indica una demanda significativa en materia de disolución del matrimonio. Las asesorías en otras ramas del derecho, tales como procesos civiles, laborales, mercantiles y penales, constituyeron alrededor del 24%, mientras que las consultas sobre pensiones alimenticias representaron un 15%, evidenciando la importancia del interés superior del niño y su protección económica, los asuntos del cobro de pensiones alimenticias atrasadas rondaron el 3%, las consultas sobre paternidad-filiación y extinción de la pensión alimenticia se ubicaron por debajo del 2%.
Por otro lado, las consultas, específicamente en jurisdicción voluntaria, los cambios de nombre alcanzaron un 6%. En conjunto, estos resultados permiten identificar las áreas de mayor necesidad de asesoría legal y orientar la atención del Bufete Popular de la Universidad Panamericana hacia los servicios más demandados por la comunidad a la que está orientada.
En términos comparativos, la atención a procesos familiares, especialmente divorcios y pensiones alimenticias, continúa siendo la de mayor incidencia, consolidando al Bufete Popular UPANA como un instrumento clave de acceso gratuito a la justicia en Guatemala. A continuación, se presenta una tabla con el objeto de que sea más comprensible para el lector.
Figura 1.
Distribución de consultas atendidas por el Bufete Popular de la Universidad Panamericana.
Nota. Los porcentajes se calcularon a partir del registro de consultas del Bufete Popular de la Universidad Panamericana durante el periodo de 2024. La categoría “Otras ramas del Derecho” incluye consultas diversas no clasificadas específicamente en derecho de familia. Datos elaborados a partir de los registros del Bufete Popular de la Universidad Panamericana.
Distribución de las consultas según el sexo de los usuarios
Con respecto al perfil de las personas atendidas, los registros del Bufete Popular de la Universidad Panamericana muestran una clara predominancia femenina. Durante el periodo 2024, aproximadamente el 72% de los usuarios atendidos fueron Mujeres, frente a un 28% de hombres.
Esta tendencia evidencia que las mujeres constituyen el grupo principal beneficiario del servicio, especialmente en procesos de divorcio y pensión alimenticia, donde se suele requerir asesoría jurídica debido a limitaciones económicas que dificultan el acceso a servicios privados.
En este sentido, el Bufete Popular de la Universidad Panamericana cumple un rol socialmente significativo al fortalecer el acceso equitativo a la justicia y promover la protección de los derechos de las mujeres, particularmente en contextos de vulnerabilidad, contribuyendo de manera concreta al cumplimiento de la responsabilidad social universitaria de la institución.
A continuación, se presenta una figura que ayuda al lector a comprenderlo de una mejor manera:
Figura 2.
Nota. Los porcentajes reflejan la proporción de mujeres y hombres atendidos por el Bufete Popular de la Universidad Panamericana durante el año 2024. Este patrón evidencia que las mujeres constituyen el grupo principal beneficiario del servicio, especialmente en procesos de divorcio y pensión alimenticia. Datos elaborados a partir de los registros del Bufete Popular de la Universidad Panamericana.
Distribución mensual de las consultas en el año (enero a noviembre)
De acuerdo con los datos proporcionados por el Bufete Popular de la Universidad Panamericana, durante 2024, la distribución de las atenciones mensuales en el Bufete Popular UPANA mostró variaciones a lo largo del año. Enero concentró la mayor proporción de consultas con un 16.7 %, seguido de febrero con un 9.2 %, marzo con 7.6 %, abril con 12.1 %, mayo con 9.6 %, junio con 3.9 %, julio con 7.8 %, agosto con 6.6 %, septiembre con 10.3 %, octubre con 11.9 % y noviembre con 4.3 %. Esta secuencia refleja cómo la demanda de asesoría legal varió mes a mes durante el período analizado.
Se identifican picos de mayor afluencia en enero, lo que puede relacionarse con el reinicio de actividades judiciales y la búsqueda de asesorías pendientes del año anterior. Otros picos se observaron en julio y octubre, meses en los que los usuarios tienden a resolver asuntos legales antes del cierre del ciclo anual, mostrando así momentos de mayor carga de trabajo para el Bufete Popular.
Además, los meses con menor participación, como junio y noviembre, podrían indicar periodos de menor actividad judicial o de vacaciones de los usuarios. Esta información permite no solo comprender los patrones de demanda, sino también planificar recursos y estrategias de atención más eficientes para garantizar un servicio constante y de calidad durante todo el año.
A continuación, se presenta una figura que ayuda al lector a comprenderlo de una mejor manera:
Figura 3.
Nota. La figura muestra la variación mensual en la cantidad de consultas atendidas por el Bufete Popular de la Universidad Panamericana durante el periodo de 2024 (enero-noviembre). Se observa un mayor número de atenciones en los meses de enero, abril y octubre, mientras que los meses de junio y noviembre presentan menor actividad. Datos elaborados a partir de los registros del Bufete Popular de la Universidad Panamericana.
DISCUSIÓN
El análisis de los datos obtenidos permite comprender con mayor claridad el comportamiento y la relevancia social del Bufete Popular de la Universidad Panamericana como espacio de acceso gratuito a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.
Desde un enfoque cuantitativo, las tres variables evaluadas (consultas según el tipo de proceso atendido, consultas según el sexo de los usuarios y la distribución mensual de las consultas en el año) evidencian patrones consistentes con la naturaleza del servicio y las necesidades de la población guatemalteca en cuestiones de asesoría legal.
En cuanto a la distribución según el tipo de proceso atendido, los resultados muestran que las consultas se concretan, especialmente, en asuntos de divorcio y pensión alimenticia. Esta tendencia confirma que el Bufete Popular cumple una función esencial en la resolución de conflictos familiares, ofreciendo acompañamiento profesional. Además, el incremento porcentual observado entre los periodos analizados refleja un crecimiento sostenido en la confianza de los usuarios hacia el servicio, así como el reconocimiento dentro de la comunidad.
Respecto a la distribución de las consultas según el sexo de los usuarios, los resultados evidencian una mayor participación de mujeres, quienes constituyen aproximadamente dos tercios del total de usuarios atendidos. Este hallazgo es coherente con las problemáticas abordadas, ya que las mujeres suelen ser las principales demandantes en procesos de divorcio y del cobro de pensiones alimenticias atrasadas. Desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria, este dato resalta el papel del Bufete Popular como un mecanismo de apoyo jurídico y social para la protección de los derechos de las mujeres, contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la justicia.
En relación con la distribución mensual de las consultas en el año, se identifica una demanda constante a lo largo del año, con mayores porcentajes de atención en los primeros meses. Este comportamiento puede atribuirse al reinicio de actividades judiciales y del Bufete Popular a la búsqueda de soluciones legales postergadas durante el cierre del año anterior. Los picos observados a mediados y finales del periodo analizado indican también una reactivación periódica de la demanda.
En conjunto, los resultados reflejan que el Bufete Popular de la Universidad Panamericana ha consolidado un modelo de responsabilidad social universitaria aplicado que responde a necesidades concretas. El Bufete Popular constituye un ejemplo tangible de vinculación universidad-sociedad, donde la docencia, la investigación y la proyección social coinciden para generar un impacto positivo. Su aporte promueve la educación legal preventiva, la confianza en la institución y la justicia, cumpliendo con los principios fundamentales de la responsabilidad social universitaria.
CONCLUSIONES
El análisis de los resultados permite concluir que el Bufete Popular de la Universidad Panamericana representa una herramienta efectiva de responsabilidad social universitaria, al combinar la formación académica con el servicio comunitario.
La distribución de las consultas muestra que la mayoría de los casos atendidos se concentran especialmente en divorcios y pensiones alimenticias, lo que refleja la función del Bufete Popular en la atención de problemáticas jurídicas de alta incidencia social.
La mayor proporción de usuarias mujeres revela la importancia del servicio en la promoción de la equidad y el acceso a la justicia, evidenciando que el Bufete Popular se ha convertido en un espacio de apoyo y protección legal para quienes enfrenta condiciones de vulnerabilidad.
La demanda constante de atención a lo largo del año demuestra la confianza de la población en el servicio y la sostenibilidad del modelo implementado.
En términos institucionales, el Bufete Popular constituye una expresión tangible del compromiso de la Universidad Panamericana con el desarrollo humano, la ética profesional y la justicia social. Su existencia contribuye a la formación de futuros profesionales con conciencia social, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la comunidad.
De este modo, el Bufete Popular de la Universidad Panamericana, se consolida como un referente de extensión universitaria en Guatemala, demostrando que la responsabilidad social universitaria puede traducirse en acciones concretas que promueven una sociedad mas justa.
REFERENCIAS
Real Academia Española (2025). En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 23 de octubre de 2025, de
https://dle.rae.es/responsabilidad?m=form
Real Academia Española (2025). En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 23 de octubre de 2025, de
https://dle.rae.es/social?m=form
Real Academia Española (2025). En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 23 de octubre de 2025, de
https://dle.rae.es/universitario?m=form
Real Academia Española (2025). En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 23 de octubre de 2025, de
https://dle.rae.es/universidad#Fulf8Nd
Vallaeys (s.f). ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 23 de octubre de 2025, de
chromeextension:// efaidnbmnnnibpcajpeglclefindmkaj/https:/Avww.url.edu.gt/portalURL/A rchivos/09/Archivos/Responsabilidad_Social_Universitaria.pdf
Baca-Neglia, H. Z., Rondán-Cataluña, F. J., y Garcia-Del-Junco, J. (2017). Propuesta de medición de la responsabilidad social universitaria. Espacios, p. 18-19.
https://www.revistaespacios.com/a17v38n43/17384312.html
Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(2006). En MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, p. 227,
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ddo.usac.edu.gt/wpcontent/uploads/2024/03/M-O-FACULTAD-DE-CIENCIAS-JURIDICAS-YSOCIALES-2006.pdf
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1994). Cédigo de Etica Profesional.
Consejo Directivo de la Universidad Panamericana. (2015). Estatutos de la
Universidad Panamericana. (modificación del 2 de julio de 2015).
Consejo Directivo de la Universidad Panamericana. (s.f). Reglamento del Centro de
Asistencia Social Jurídico, Bufete Popular de la Universidad Panamericana.
Josué Raúl Echeverría Catalán, curso la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y de la
Justicia, Abogado y Notario en la Universidad Panamericana de Guatemala. Tengo interés en el Derecho Tributario, la ciberseguridad y la innovación jurídica
