La implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: un desafío pendiente para el Estado de Guatemala
Luis Fernando de León Laparra
RESUMEN
El presente artículo analiza la relevancia e implicaciones de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) como marco normativo global impulsado por Naciones Unidas desde 2011, con el fin de orientar la conducta empresarial hacia el respeto de los derechos humanos. En el contexto guatemalteco, estos principios constituyen una oportunidad para fortalecer la gobernanza estatal, la transparencia empresarial y la garantía de los derechos fundamentales frente a las actividades corporativas. Se examinan los principales avances en la región y las acciones incipientes del Estado de Guatemala, destacando la necesidad urgente de adoptar políticas nacionales coherentes con los pilares de los PRNU: proteger, respetar y reparar. El análisis concluye que la aplicación efectiva de estos principios requiere compromiso político, fortalecimiento institucional y la integración de criterios de debida diligencia en el marco jurídico nacional.
Desarrollo
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), elaborados por John Ruggie, desde su aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, han establecido un estándar universal para definir las responsabilidades de los Estados y las empresas frente a los impactos que las actividades económicas generan sobre los derechos humanos. Este marco descansa sobre tres pilares fundamentales: la obligación estatal de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar y el acceso efectivo a mecanismos de reparación. Estos pilares no son vinculantes jurídicamente, pero constituyen un referente ético y político de cumplimiento progresivo, que ha sido asumido por diversos países mediante planes nacionales de acción. En el plano internacional, países de América Latina como Colombia, Chile y México han adoptado planes nacionales sobre empresas y derechos humanos, impulsando políticas públicas para incorporar la debida diligencia en las cadenas de valor y promover la transparencia corporativa. Sin embargo, en Guatemala, los avances aún son incipientes. Aunque el país ha participado en foros internacionales y ha manifestado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la implementación de los PRNU se enfrenta a limitaciones estructurales, entre ellas la debilidad institucional, la falta de coordinación interinstitucional y la escasa participación del sector empresarial en los procesos de diálogo multiactor.
Asimismo, los PRNU promueven la incorporación de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, entendida como un proceso continuo de identificación,
prevención, mitigación y rendición de cuentas frente a los riesgos de vulneración. Este enfoque permite a las empresas asumir un rol más proactivo en la gestión de sus impactos sociales y ambientales, fortaleciendo su legitimidad ante las comunidades y los mercados internacionales. En el caso guatemalteco, la adopción de prácticas de debida diligencia por parte de empresas exportadoras o de capital extranjero podría generar un efecto demostrativo que incentive a otras empresas locales a asumir estándares similares.
La importancia de aplicar correctamente los PRNU radica en que no solo fortalecen la gobernanza democrática, sino que contribuyen al desarrollo sostenible. La experiencia internacional demuestra que las empresas que adoptan prácticas responsables en derechos humanos mejoran su reputación, acceden a mercados más exigentes y reducen los riesgos de litigios o sanciones. En cambio, los Estados que no garantizan una adecuada protección frente a abusos empresariales corren el riesgo de comprometer su imagen internacional y su capacidad de atraer inversión responsable.
El Estado guatemalteco, como signatario de los principales tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de proteger frente a abusos por parte de terceros, incluidas las empresas. Esto implica desarrollar políticas efectivas de supervisión, regulación y sanción. La ausencia de un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos limita la capacidad del país para prevenir impactos negativos en sectores como la minería, la agroindustria y la energía, donde se han documentado conflictos sociales asociados a violaciones de derechos laborales, ambientales y comunitarios.
En Guatemala, la implementación de los PRNU enfrenta dificultades estructurales, identificándose: debilidad institucional, la falta de coordinación intersectorial y la ausencia de obligaciones explícitas de debida diligencia en la legislación nacional han generado vacíos que debilitan la capacidad del Estado para prevenir abusos empresariales. Estos desafíos se manifiestan de manera más aguda en sectores de alto riesgo como la minería, los proyectos hidroeléctricos, la agroindustria y las obras de infraestructura, donde se registran tensiones, impactos ambientales y afectaciones a comunidades indígenas.
Durante el VI Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos del 2021, en ese momento, como Jefe de Divulgación y Fomento de Derechos Humanos y políticas públicas de la COPADEH, se reconoció explícitamente la obligación de actuar con debida diligencia incluso en situaciones en las que los hechos no sean directamente atribuibles al Estado. Este reconocimiento constituyó un avance relevante en términos de opinio juris, pues refuerza la comprensión estatal de que la omisión o la falta de prevención también generan responsabilidad internacional. El foro permitió visibilizar la asimetría de poder existente entre empresas transnacionales y Estados con institucionalidad limitada, en donde los recursos económicos y logísticos de las corporaciones superan ampliamente la capacidad regulatoria estatal.
El Estado de Guatemala enfrenta el reto de pasar del discurso a la acción. La construcción primero de una Línea Base, que sea el paso para la elaboración e un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, alineado con los PRNU, debe ser una prioridad política. Este plan debería incluir metas reales, objetivas, verificables, indicadores de cumplimiento y mecanismos de evaluación periódica, tal como lo han hecho otros Estados de la región latinoamericana.
Además, es esencial fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la aplicación efectiva del principio de reparación frente a las víctimas de abusos empresariales, asegurando que existan vías judiciales y no judiciales accesibles, equitativas y eficaces.
Conclusiones
La implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos constituye un compromiso ineludible para el Estado de Guatemala. Su correcta aplicación permitiría consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial, fortalecer la confianza social y mejorar la competitividad del país. No obstante, los desafíos estructurales requieren voluntad política, coordinación interinstitucional y la integración de la debida diligencia como práctica estándar. La experiencia comparada demuestra que el avance en esta materia no depende únicamente de la normativa, sino de la convergencia de actores públicos, privados y sociales hacia una visión compartida de desarrollo humano sostenible.
El País enfrenta una oportunidad crítica para adoptar un Plan Nacional de Acción robusto, con indicadores verificables, mecanismos independientes de monitoreo y una fundamentación basada en evidencia que permita prevenir y mitigar impactos empresariales. Sin estas reformas, la brecha entre compromisos internacionales y práctica estatal continuará ampliándose.
Referencias
Naciones Unidas. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (2011). Resolución 17/4: Derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas. https://digitallibrary.un.org/record/710889
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). (2022). Informe anual sobre la situación de derechos humanos en Guatemala. https://www.ohchr.org/es/countries/guatemala
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2020). Empresas y derechos humanos: Guía para empleadores. https://www.ilo.org/global/topics/business-and-human-rights/lang–es/index.htm
Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://sdgs.un.org/es/2030agenda
Resumen de CV
Luis Fernando de León Laparra. Licenciado en Relaciones Internacionales, Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Fue jefe de Divulgación y fomento de DDHH y políticas públicas de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Docente de la UPANA.
